Todo comenzó cuando, desde este medio digital, se informó —mediante un artículo periodístico— que la empresa Uber había lanzado una convocatoria abierta para reclutar conductores en Villa Mercedes, incluyendo autos, motos y servicios de paquetería. La noticia, como era de esperar, tuvo una fuerte repercusión y despertó interés inmediato en buena parte de la comunidad.
Poco después, la Municipalidad de Villa Mercedes difundió un comunicado oficial en el que aclaró que el transporte público de pasajeros dentro del ejido urbano se encuentra regulado por una ordenanza vigente, y que actualmente solo taxis y remises habilitados están autorizados a prestar ese servicio.
Y aquí aparece el primer punto clave: el Municipio no prohibió ni rechazó la llegada de Uber. Tampoco se manifestó en contra de la incorporación de nuevas tecnologías o alternativas de movilidad. Lo que hizo fue recordar el marco legal vigente y su rol como autoridad de aplicación.
El verdadero origen del conflicto radica en que Uber lanzó una convocatoria pública sin una presentación previa ante el Ejecutivo municipal, que es quien debe regular, controlar y habilitar toda actividad vinculada al transporte de personas. Esto incluye cuestiones sensibles y fundamentales como seguros para pasajeros, antecedentes de los choferes, condiciones técnicas de los vehículos y habilitaciones legales, requisitos que se exigen —sin excepción— a quienes interactúan comercialmente con los vecinos de la ciudad.
La convocatoria tuvo una aceptación amplia, algo lógico en un contexto económico donde las oportunidades laborales flexibles generan expectativas. Y es muy probable que, como ocurre en otras ciudades del país, el servicio termine funcionando en Villa Mercedes más temprano que tarde.
Entonces, ¿dónde está el verdadero debate?
No en los beneficios del servicio, que prácticamente nadie discute. El problema es que la situación se politizó innecesariamente, generando un clima de confrontación que poco aporta a una solución concreta.
En mi opinión, se trata de una cuestión de tiempo y de normativa. El camino lógico es avanzar hacia una ordenanza que regule el funcionamiento de estas plataformas, permitiendo al Municipio ejercer los controles correspondientes y garantizando que el servicio sea prestado por vehículos en condiciones técnicas y legales adecuadas, y por conductores idóneos y responsables.
La tecnología avanza, las ciudades se adaptan y las reglas deben actualizarse. Convertir este proceso en una pelea no solo es innecesario, sino contraproducente. El desafío no es resistir el cambio, sino ordenarlo, con normas claras, controles efectivos y el foco puesto en lo más importante: la seguridad y los derechos de los vecinos de Villa Mercedes.
Muchas gracias por leer hasta el final.
