Los audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Darío Spagnuolo, encendieron una crisis política en el Gobierno y generaron movimientos inmediatos en la Casa Rosada. En esas grabaciones, se mencionan presuntos sobornos y se apunta directamente contra Karina Milei, su colaborador Lule Menem, el segundo de la Andis Daniel Garbellini y la droguería Suizo Argentina.
El Ejecutivo reaccionó con rapidez: Spagnuolo y Garbellini fueron desplazados, mientras la Justicia tomó cartas en el asunto. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi quedaron a cargo de la investigación, alimentando la hipótesis oficial de una “operación política” contra La Libertad Avanza, a menos de dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, Karina Milei, apodada la “hermana de hierro”, encabezó un acto en Villa Celina, La Matanza, donde se mostró enérgica frente a miles de fiscales libertarios. Allí, dirigentes como Martín Menem y Sebastián Pareja aludieron de manera indirecta a los audios, acusando a “sectores ligados a los servicios de inteligencia” de intentar desgastar al Gobierno.
La trama expuso, además, la feroz interna libertaria: sectores cercanos a Santiago Caputo señalan a los Menem y a la propia Karina como responsables de maniobras políticas, mientras figuras como Lilia Lemoine apuntaron al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, dueño del medio que difundió los audios.
El escándalo coincidió con un viernes negro para el oficialismo: el fracaso del veto presidencial sobre los recortes en Discapacidad y la fractura del bloque libertario en Diputados, con el puntano Carlos D’Alessandro armando su propio espacio, “Coherencia”.
En este clima, la vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia desde Chubut, advirtiendo: “Yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol que me da la Constitución”.
El futuro inmediato dependerá de la investigación judicial y de la capacidad de la Rosada para contener un conflicto que ya escaló a los más altos niveles del poder.
Presuntas coimas en la ANDIS: celulares, dólares y una investigación que crece