Franco, un trabajador de la construcción y analista de recursos humanos según sus propias palabras, denunció públicamente que realizó la remodelación completa de una vivienda ubicada en Avenida Mitre 1065 y que todavía no recibió el pago acordado por parte del Dr. Alberto Testa, quien se desempeña como subsecretario de la Secretaría de Ética Pública de la provincia de San Luis.
Según Franco, el presupuesto original fue de unos $9 millones para trabajos de cerrería, plomería, electricidad, albañilería, pintura y carpintería. Relata que comenzó las obras en marzo y las finalizó tras seis meses de tareas. Durante ese periodo asegura haber recibido transferencias parciales por $1.650.000, muy por debajo de lo convenido —y que se había pactado un pago aproximado de $1.000.000 por mes—.
Franco sostiene que, al terminar la obra, reclamó el saldo adeudado y la devolución de sus herramientas —sierra circular, taladro, moladora, soldadora inverter, escalera y herramientas de mano— que permanecen en la casa. Afirma que, tras intentar acordar pagos en cuotas y presentar un convenio en un estudio jurídico, Testa no se presentó ni contestó llamadas.
El denunciante dice contar con registro audiovisual de todo el proceso, mensajes y transferencias que, según describe, prueban la ejecución de los trabajos desde el primer clavo hasta la instalación de bibliotecas. También asegura que otros prestadores que intervinieron en la vivienda —como muralistas— habrían recibido pagos parciales y reclaman lo suyo.
Por su parte, Franco afirma que Testa negó haber contratado sus servicios y lo calificó públicamente como “mentiroso” y “mitómano”, según la versión de Franco. En la entrevista, el trabajador pidió intervención o al menos que el propio subsecretario se presente ante su abogado para llegar a un acuerdo y recuperar tanto el dinero adeudado como sus herramientas, que representan su fuente de trabajo.
Franco también expresó sorpresa por la situación dado que conocía a Testa en un vínculo que califica como de amistad —llegó incluso a organizarle un festejo— y se mostró desconcertado por la actitud del funcionario, a quien considera incompatible con el cargo que ocupa en un área vinculada a la ética pública.
La denuncia permanece en la esfera privada y mediática: Franco solicitó que alguien del entorno institucional —mencionó al doctor Basla— interceda para que Testa cumpla con el pago. El trabajador afirma que no busca que el funcionario sea removido de su puesto —“solo que pague lo que debe” fue su insistente petición—, aunque advirtió que, de no obtener respuesta, evaluará otras acciones legales.
Datos clave
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Reclamo: Pago y devolución de herramientas.
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Monto reclamado: ≈ $9.000.000 (presupuesto original).
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Pagos recibidos (según Franco): $1.650.000 en transferencias parciales.
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Duración del trabajo: ~6 meses; finalizado la semana anterior a la entrevista.
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Evidencia que alega Franco: videos, transferencias, chats y testigos.
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Posición del denunciado: Dr. Alberto Testa — Subsecretario, Secretaría de Ética Pública (Testa niega los hechos, según la versión del trabajador).
Alberto Testa respondió a las acusaciones públicas: “Yo pagué todo, no hay deuda”
Entrevista: Daniel Rodriguez MER