Un grupo de abogados prepara una denuncia penal contra el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Cobo, y el exgobernador Alberto Rodríguez Saá. La maniobra, que incluye decretos y un contrato millonario, ha generado indignación y abrió una nueva polémica en la política provincial.
Los detalles del acuerdo cuestionado
Se conocieron decretos provinciales firmados en julio de 2020 que exponen un presunto acuerdo entre ambas figuras. Según la documentación, Cobo habría aceptado renunciar a su cargo en el Superior Tribunal a cambio de una compensación económica millonaria que se extendió hasta diciembre de 2023.
El acuerdo incluye un contrato de prestación de servicios firmado el mismo día en que se oficializó su renuncia mediante el Decreto 3656-MJGyC-2020. Horas después, el contrato fue homologado con el Decreto 3777-MJGyC-2020. Este movimiento administrativo, considerado inusualmente rápido, ha levantado sospechas.
Fuentes gubernamentales comparan el caso con el del exministro Jorge “el Gato” Fernández, quien reconoció públicamente haber percibido un sueldo millonario como “asesor” antes de las elecciones de 2023.
¿Ñoqui, dádivas y abuso de poder?
Un reconocido estudio jurídico de la provincia trabaja en una denuncia penal que apunta a malversación de fondos, abuso de poder, estafa al Estado y posible cobro de un sueldo sin prestar servicios efectivos. La causa también buscará esclarecer si existieron dádivas para facilitar la renuncia de Cobo, un hecho que podría configurar una violación grave a la ética pública y la transparencia.
¿Qué sigue?
La revelación de estos documentos reaviva el debate sobre la relación entre política y justicia, y abre un nuevo capítulo en el escrutinio de las gestiones provinciales. El avance de la denuncia será clave para determinar responsabilidades y sus consecuencias legales.
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