Una investigación en curso pone nuevamente en el centro de atención al exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y al exministro del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Cobo. La información fue publicada por el medio +Noticias en redes sociales y detalla posibles anomalías éticas y legales que involucran a figuras clave de la gestión anterior.
El caso gira en torno a la presunta renuncia “negociada” de Carlos Cobo como ministro del Superior Tribunal, seguida por su inmediata designación como asesor del Ministerio de Gobierno el 8 de julio de 2020. Según trascendidos, Rodríguez Saá habría condicionado esta maniobra para mantener a Cobo en un cargo remunerado durante los últimos años de su mandato.
Los decretos y el impacto ético
Documentos oficiales, revelados por el equipo del actual gobierno liderado por Claudio Poggi, confirman que en la misma jornada en que se aceptó la renuncia de Cobo, se firmó su designación como asesor. Sin embargo, fuentes aseguran que el exministro nunca desempeñó funciones activas, aunque habría percibido sueldo millonario hasta diciembre de 2023. Esto plantea no solo una falta ética, sino también posibles delitos en la administración pública.
Además, la trama podría alcanzar al exministro de Gobierno, Fabián Filomena, señalado como partícipe en la gestión de esta contratación. En consecuencia, Rodríguez Saá no queda exento de ser citado judicialmente, lo que agrava aún más la situación.
Repercusiones y contexto judicial
La publicación agrega un nuevo capítulo al creciente cerco judicial en torno a la administración Rodríguez Saá, marcada por denuncias de abuso de poder e irregularidades financieras. Este caso, en particular, refleja un posible desvío de recursos públicos y un impacto sobre la confianza en las instituciones. La Justicia avanza para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.