La investigación por el vaciamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música sigue sumando capítulos que prometen mantenerla en el centro del debate público. Con acusaciones de corrupción que podrían involucrar tanto al gobierno anterior como a figuras actuales, el caso adquiere una dimensión política inesperada.
En las últimas semanas, se realizaron allanamientos en los domicilios de los principales investigados: el exadministrador Joaquín Beltrán, su pareja Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero (exjefe de Eventos), el coordinador de la Casa de la Música Exequiel Scarel y el coordinador de Teatro Diego Torres. Según fuentes judiciales, la fiscalía, encabezada por José Olguín y su adjunto Marcelo Palacios, analiza documentación y pruebas que podrían derivar en nuevas medidas en los próximos días.
El audio que sacudió la causa
En paralelo, un audio filtrado y viralizado en redes sociales sumó un elemento explosivo al caso. La grabación recoge una conversación entre el actual administrador del Molino Fénix, Pablo Fernando González, y el diputado provincial Joaquín Beltrán, en la que González parece retractarse de su denuncia inicial.
En el diálogo, González asegura: “Yo no tengo nada contra vos. Sé que no te robaste nada” y agrega que presentó la denuncia bajo presión. Según el funcionario, “lo obligaron a ratificar” acusaciones y admite que intentó renunciar en reiteradas ocasiones sin éxito. También menciona que habría actuado por órdenes de superiores como Romina Carbonell, quien lidera la Secretaría General que controla el Molino Fénix.
El abogado defensor de Beltrán y Lucero, Gonzalo Estrada, confirmó la autenticidad del audio y señaló que pone en jaque el proceso judicial. Estrada adelantó que presentará un recurso para cuestionar las acciones derivadas de la denuncia, argumentando que González habría actuado bajo coacción.
Pruebas y tensiones internas
Más allá del impacto político del audio, las pruebas recuperadas en los allanamientos refuerzan las sospechas sobre irregularidades. Se hallaron registros de contrataciones y movimientos económicos con empresas y monotributistas, y filmaciones que mostrarían retiros nocturnos de bienes del complejo. Estas imágenes provendrían de cámaras externas, ya que las internas habrían sido borradas.
Por su parte, empleados declararon que la gestión de Beltrán y Lucero era la que “daba órdenes y manejaba todo”, incluso tras dejar su cargo público. Lucero asumirá próximamente como consejera del Consejo Provincial Justicialista, lo que añade complejidad política al caso.
El posible desafuero
Con el avance de la causa, no se descarta la solicitud de desafuero de Joaquín Beltrán, similar a lo ocurrido con el exsenador Ariel Rosendo en 2020. Si las pruebas conducen a una imputación por asociación ilícita, el caso podría derivar en un juicio oral y público que coincidiría con el calendario electoral de 2025.
El fiscal Olguín tendría planeadas nuevas medidas en las próximas semanas, incluyendo más allanamientos y declaraciones, que podrían incluir a nuevas figuras políticas y empresariales. Este escándalo podría desplazar a otras investigaciones emblemáticas, como la de la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez, y reconfigurar el panorama político provincial.