La denuncia judicial que involucra a la exdiputada provincial y exadministradora del Complejo Molino Fénix, Anabela Lucero, comenzó a avanzar esta mañana con una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por delitos contra el Estado.

El operativo se llevó a cabo en el barrio 1000 Viviendas, específicamente en la intersección de Granaderos Puntanos y San Luis, en la Manzana 2855, Casa 5.

La causa, iniciada a principios de este año, fue impulsada tras una investigación llevada a cabo por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien dispuso auditorías contables y legales en las instalaciones del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música. Los resultados expusieron un sinnúmero de irregularidades que derivaron en una presentación judicial por parte de las autoridades de dichas entidades.

Los principales implicados

La investigación señala como principales sospechosos a Anabela Lucero, quien administraba políticamente el complejo, junto con su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, quien se desempeñaba como director del Molino Fénix hasta el reciente cambio de Gobierno.

También figuran en la denuncia:

  • Enzo Lucero, hermano de Anabela y jefe de Eventos.
  • Exequiel Alberto Scarel, coordinador de la Casa de la Música.
  • Diego Emanuel Torres, coordinador de Teatro.

Los cargos en su contra incluyen violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado. La causa está en manos del fiscal José Olguín, bajo la supervisión del juez Santiago Ortiz.

El trasfondo del caso

Según trascendió, esta mañana se llevaron a cabo siete allanamientos en viviendas y uno en un depósito relacionado con Lucero y Beltrán. Entre los objetivos del operativo estaba la búsqueda de elementos electrónicos sustraídos de la Casa de la Música, robo que habría ocurrido pocos días antes de la asunción de la nueva gestión.

La acusación menciona el “vaciamiento de las instalaciones”, con faltantes de equipos y mobiliario detectados el 8 y 9 de diciembre de 2022. Fotografías y testimonios aportados a la causa documentan el uso de vehículos del Complejo, como una Toyota Hilux y un Citröen Berlingo, para trasladar equipos hacia un taller industrial, Tecmetal SRL, ubicado en la colectora sur del kilómetro 696 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Este predio, según la denuncia, era utilizado frecuentemente por Beltrán para almacenar elementos que luego se distribuían durante campañas electorales, aprovechando que el lugar pertenece a un allegado.

Denuncias de abuso de recursos públicos

La presentación judicial incluye graves acusaciones sobre el uso indebido de los recursos del Complejo:

  • Desconexión de cámaras de seguridad: El 9 de diciembre, Beltrán y Scarel habrían irrumpido en el lugar, exigiendo las llaves de los estudios de grabación y desconectando las cámaras para evitar registros.
  • Faltantes documentados: Entre los bienes desaparecidos figuran una consola de sonido, cajas lanza humo, equipos de iluminación, torres de sonido, una mesa de vidrio con 12 sillas, sillones y otros mobiliarios.
  • Desvío de alimentos: Empleados aseguraron que fueron obligados a trasladar alimentos a la sede partidaria de Lucero, ubicada sobre calle Pringles, en un contexto electoral donde ella era candidata oficialista a intendenta.

Uso indebido de instalaciones

Otro punto controvertido en la denuncia señala que, durante las refacciones en su vivienda, Lucero y su familia se habrían instalado a vivir en las suites destinadas a los artistas.

La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas horas el fiscal Olguín brinde más detalles sobre los procedimientos realizados y las pruebas recolectadas hasta el momento.

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