La ex diputada provincial y ex administradora del Complejo Molino Fénix respondió a las acciones judiciales en su contra y las vinculó a una supuesta persecución hacia las mujeres en la política.


“La persecución política hacia las mujeres es una realidad histórica”

A través de su cuenta verificada de Instagram, Anabela Lucero expresó su postura tras los allanamientos que se realizaron en el marco de una investigación por presuntos delitos contra el Estado.

“La persecución política hacia las mujeres es una realidad que ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo en muchas partes del mundo”, escribió. La ex legisladora señaló que esta persecución adopta múltiples formas, como exclusión de cargos políticos, amenazas, hostigamiento, arrestos arbitrarios y represión violenta, y afirmó que las mujeres que desafían estructuras patriarcales suelen convertirse en blanco de represalias.

Lucero también denunció públicamente que su integridad y la de su familia podrían estar en riesgo:

“Gracias por todos los mensajes recibidos. Todos saben: si a mí o a mis hijas nos pasa algo, quiénes son los responsables. Los quiero.”


La investigación y los allanamientos

El caso que involucra a Lucero y a su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, está relacionado con una denuncia por el presunto vaciamiento de las instalaciones del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, organismos dependientes del Estado.

Entre los lugares allanados se encuentran dos propiedades personales de la pareja: una en el barrio 500 Viviendas, un salón de fiestas y un depósito. Según el fiscal José Olguín, encargado de la causa, el procedimiento forma parte de una investigación que lleva varios meses. Además, señaló que el fiscal adjunto Marcelo Palacios lideró las diligencias judiciales.


Tensión en el Poder Judicial

Tras los allanamientos, Lucero y Beltrán intentaron comunicarse directamente con los fiscales a cargo. Según testigos, la pareja llegó al edificio judicial en un Peugeot 208 y, a los gritos, exigieron hablar con Olguín. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, ya que no se presentaron con representación legal.

El incidente escaló cuando decidieron seguir a los fiscales en sus vehículos. En pleno tránsito urbano, los interceptaron para intentar “arreglar” la situación de manera informal. El fiscal Olguín, según se informó, les respondió que cualquier conversación debía realizarse en el marco legal correspondiente.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, y hay testigos que corroboran el hecho.