En San Luis, el accionar de la jueza de Ejecución Penal Nora Graciela Villegas vuelve a quedar bajo la lupa pública a partir de resoluciones judiciales que, en distintos momentos, generaron cuestionamientos por el otorgamiento de libertades condicionales, salidas transitorias y permisos extraordinarios a personas condenadas por delitos de extrema gravedad.
El caso más reciente reavivó la controversia. Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Natalia Chirino, de 17 años, ocurrido en 2002, fue beneficiado con la libertad condicional en octubre de 2025, por decisión de la jueza Villegas. Tras 21 años de detención, el condenado recuperó la libertad.
Apenas tres meses después, Ponce fue nuevamente detenido, acusado de atacar con un arma blanca a una niña de 10 años en una zona rural cercana a Santa Rosa del Conlara. La menor permanece internada en el Sanatorio Allende de Córdoba.
El fiscal Marcelo Saldaño imputó a Ponce por “robo calificado por el uso de arma” (artículo 166, inciso 2°, primer supuesto del Código Penal) y “homicidio criminis causa en grado de tentativa” (artículos 80 inciso 7° y 42), en calidad de autor. Además, solicitó la prisión preventiva, su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial y un plazo de 120 días para la Investigación Penal Preparatoria.
Durante la audiencia realizada en el Juzgado Multifuero de Santa Rosa, el acusado manifestó tener conflictos con internos del penal de la ciudad de San Luis, por lo que quedó pendiente la definición de su posible traslado a Pampa de las Salinas.
El juez de Garantía Jorge Pinto hizo lugar a todos los pedidos formulados por la fiscalía.
Según lo expuesto en audiencia, Ponce, de 46 años, habría ingresado a una vivienda del paraje Los Poros con fines de robo, donde se produjo el ataque a la menor. La reconstrucción de los hechos estuvo a cargo del fiscal Saldaño junto a Lucila Giampieri. También participó la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Camila Sánchez.
