El Gobierno de San Luis avanzó en su política de tolerancia cero contra el uso de documentación fraudulenta en la administración pública.
El gobernador Poggi firmó el tercer decreto que oficializa la cesantía de 20 empleados públicos involucrados en la presentación de certificados médicos falsificados. Con esta decisión, ya suman 62 los trabajadores despedidos por esta maniobra ilícita.
Según el documento oficial, el Estado cuenta con pruebas como “contratos de prestación de servicios, situación de revista, reporte de inasistencias y certificados apócrifos”, que respaldan la desvinculación de los agentes implicados. Además, el decreto ordena el descuento de los haberes correspondientes a los días en que los empleados hicieron uso ilegítimo de licencias pagas.
Desde la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), se confirmó que la investigación sigue en marcha y se anticipa que el gobernador continuará firmando nuevas cesantías en los próximos días.