Juan Cruz Albarracín, abogado, y su pareja, la escribana Andrea del Valle Escudero Hernández, enfrentan graves acusaciones que incluyen “Estafa procesal”, “Falsificación de documentos privados”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”. Ambos están procesados por intentar recuperar casi 19 millones de pesos secuestrados a una familia investigada por lavado de dinero.
A través de sus abogados, intentaron anular un procedimiento clave de la causa, argumentando que “se realizó sin testigos ni peritos”. Sin embargo, el juez federal Juan Carlos Nacul desestimó el pedido, alegando que la operación cuestionada no violó las normativas.
El planteo de nulidad: qué dijo la Justicia
La defensa de Albarracín y Escudero Hernández cuestionó la extracción de datos de los celulares y DVDs incautados, afirmando que las copias digitales realizadas el 3 de septiembre pasado no contaron con testigos ni con el perito designado. Según sus abogados, esto vulneró derechos constitucionales al impedir el control del procedimiento.
El juez Nacul rechazó el pedido al considerar que el copiado de datos no forma parte del proceso de extracción y que el perito designado sí estuvo presente al inicio, pero decidió retirarse voluntariamente. Además, subrayó que las copias realizadas no alteraron la evidencia contenida en los 71 DVDs peritados.
Procesados y embargados por 10 millones de pesos
En enero de este año, la pareja fue embargada por 10 millones de pesos para garantizar los costos procesales. El caso comenzó en julio de 2020, cuando la Policía secuestró 18,6 millones de pesos, armas y municiones durante un control vehicular en Buena Esperanza.
La hipótesis de la Fiscalía es que Albarracín intentó sobornar al juez para recuperar el dinero incautado. Además, se investiga a Escudero Hernández por insertar falsedades en una escritura vinculada a la compraventa de un campo, ocultando que la transacción se realizó por casi 20 millones de pesos, monto entregado en efectivo y en su presencia.