La fiscalía de Estado presentó una denuncia que sacude los cimientos de la administración pública en Pueblo Ranquel, acusando al exfuncionario Sergio Freixes y a su familia de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos en beneficio personal. La demanda, que incluye a su esposa e hijos, detalla un entramado de corrupción que habría operado durante varios años.

El origen de esta trama se remonta a abril de 2020, cuando Freixes obtuvo un poder especial para operaciones administrativas y bancarias de Lavandeira, un funcionario sin la autoridad para otorgarlo. Esta acción facilitó el desvío de fondos públicos hacia cuentas controladas por Freixes y sus asociados, según lo argumentado por la fiscalía.

La investigación revela que la municipalidad operaba con dos cuentas bancarias, una para ingresos gubernamentales y otra para ingresos de actividades agropecuarias. Entre abril de 2020 y diciembre de 2023, los ingresos totales ascendieron a una cifra alarmante de $669.696.011,61, de acuerdo a registros oficiales.

Se señala que los ingresos por arrendamientos y venta de ganado fueron desviados o no registrados correctamente, lo que habría permitido el enriquecimiento indebido de Freixes y sus cómplices. Se destacan ventas no declaradas y operaciones financieras sin justificación, revelando una compleja red de corrupción.

Además, se mencionan gastos excesivos en mantenimiento de vehículos y obras, sin mejoras visibles en la infraestructura comunitaria. La denuncia detalla las funciones y participaciones de cada miembro de la asociación ilícita, incluyendo a la esposa de Freixes y otros colaboradores cercanos.

El fiscal enfatiza que estas acciones constituyen un grave delito de corrupción y llama a una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad de Pueblo Ranquel y la provincia en su conjunto esperan respuestas claras y acciones contundentes para combatir la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones públicas.