El Gobierno nacional avanza en una reforma integral de la legislación laboral, un proyecto que apunta a modernizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y promover la registración formal, según un documento preliminar difundido en las últimas horas.
La propuesta introduce cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo y en diversas normas complementarias. Entre los ejes centrales figura la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a las empresas regularizar vínculos no registrados mediante beneficios como la condonación de deudas previsionales, multas, intereses y la salida del REPSAL, siempre que se formalice a todo el personal involucrado.
El borrador también propone centralizar la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por empleo no registrado. Sin embargo, mantiene la presunción favorable al trabajador en instancias judiciales cuando la relación no figure correctamente inscripta.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación del régimen indemnizatorio. El texto redefine la base de cálculo, fija un tope equivalente a tres salarios promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, habilita a que los convenios colectivos puedan sustituir la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, financiado por los empleadores.
El borrador también incorpora cambios en el artículo 212, que regula enfermedades y accidentes laborales, ajustando criterios de reincorporación y modalidades indemnizatorias según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para repartidores de plataformas digitales, caracterizados como “trabajadores independientes”. El esquema define obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también reconoce derechos, como rechazar pedidos sin justificación y exigir explicaciones ante bloqueos en la aplicación.
En materia de procedimientos de crisis y negociación colectiva, el proyecto refuerza la obligación de negociar de buena fe, incorpora sanciones a quienes obstaculicen el proceso y exige mayor transparencia en la información brindada por las empresas a los sindicatos.
La iniciativa también propone una nueva fórmula de actualización de créditos laborales basada en IPC más un 3% anual, junto con límites para causas en trámite, con el objetivo de evitar indemnizaciones superiores a las previstas en el esquema reformado.
El documento preliminar evalúa además incentivos a la contratación, con reducciones temporales en las contribuciones patronales.
El Ejecutivo continuará trabajando en el texto antes de definir la versión final que será enviada al Congreso.