El Gobierno continúa con su intento de avanzar en la discusión del presupuesto nacional de 2025, enfrentando no solo la resistencia de la oposición, sino también la presión de los gobernadores provinciales, que buscan asegurar mayores partidas para sus jurisdicciones. La Cámara de Diputados prepara una nueva reunión informativa, sin fecha confirmada, y es probable que el debate culmine con entre tres y cuatro dictámenes.

Entre las fuerzas políticas, La Libertad Avanza intentará obtener su propio dictamen, respaldado por sus aliados, en un esfuerzo liderado por José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Martín Menem, presidente de la Cámara; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Esta iniciativa está siendo evaluada junto a las propuestas de otros sectores, como el Encuentro Federal, encabezado por Miguel Pichetto, que busca destinar más fondos a jubilaciones y educación universitaria.

En paralelo, Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda preparan dictámenes de rechazo, alineados en la defensa de sus posturas respecto al manejo fiscal y las asignaciones presupuestarias.

Postura de los Senadores

El proyecto también está bajo revisión en el Senado, donde senadores como el libertario Bartolomé Abdala subrayaron la importancia de generar un presupuesto equilibrado y fiscalmente responsable, sin déficit, y con una administración cuidadosa de los fondos que superen las metas establecidas.

“Estamos atentos a las sesiones en Diputados. Trabajaremos arduamente en el Senado para darle al Gobierno un presupuesto necesario para proyectar previsibilidad, buena imagen y fortaleza a nivel internacional”, declaró Abdala, marcando el compromiso de su bloque con la responsabilidad fiscal.

Reclamos de los Gobernadores: Fondos y Obra Pública

La distribución de los fondos ha sido uno de los temas más discutidos en los encuentros entre el Gobierno y los mandatarios provinciales. Este diálogo, que ha incluido al propio presidente Javier Milei y a gobernadores como Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), apunta a redefinir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se destinan a emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Hoy, estos recursos están bajo la administración de la Jefatura de Gabinete, situación que ha generado malestar en algunos sectores de la oposición, quienes afirman que las transferencias a las provincias “son casi nulas”.

El impuesto a los combustibles es otro punto de conflicto, ya que parte de lo recaudado debería destinarse al Sistema Único de Seguridad Social, al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), y a infraestructuras de transporte e hidráulicas. Desde la oposición, señalan que el Gobierno ha dejado de transferir estos recursos, afectando las obras públicas y servicios esenciales.

Modificación de la Estructura de la AFIP y su Impacto en el Presupuesto

Con la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se han generado expectativas de una mayor coparticipación de los fondos recaudados. A pesar de que el organismo ahora destina el 1,9% de la recaudación neta a su funcionamiento, algunos gobernadores han manifestado que este porcentaje debe distribuirse también entre las provincias.

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo cuestionó la retención del 1,9% para gastos operativos de ARCA, considerando que ese porcentaje debería reintegrarse a las provincias. Los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez impulsaron un proyecto que busca eliminar esa retención y repartir equitativamente los fondos retenidos, que en el año 2023 alcanzaron los 643 mil millones de pesos, equivalente al 0,34% del PBI.

“Si comparamos los gastos de la AFIP con otros organismos nacionales, el gasto de AFIP en 2022 (331 mil millones de pesos) superó los gastos del Conicet y alcanzó la mitad de los recursos destinados a todas las universidades nacionales argentinas”, argumentaron desde el bloque radical mendocino.