En el marco de una compleja investigación judicial por narcotráfico, 12 personas fueron detenidas en un operativo que abarca varias causas iniciadas desde 2021 hasta la actualidad. El caso, que involucra a las provincias de San Luis y Buenos Aires, se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal de Villa Mercedes, con la intervención del fiscal y del organismo nacional PROCU-NAR, especializado en delitos vinculados al narcotráfico.
Según declaraciones del juez Juan Carlos Nacul, se habría “cortado la cabeza de la serpiente”, refiriéndose a la desarticulación de lo que sería el liderazgo de la organización. En diálogo con Daniel Arce en “El Potenciómetro” , el abogado defensor Bautista Rivadera, quien representa a 9 de los 12 imputados, sostuvo que la investigación abarca múltiples causas acumuladas desde hace al menos cuatro años y criticó la falta de pruebas concretas en los allanamientos recientes.
Dos estructuras organizadas
La Fiscalía sostiene que operaban dos estructuras criminales. Una primera en CABA, presuntamente abastecida por un proveedor de origen peruano, con estupefacientes provenientes de Bolivia. Esta sustancia era luego distribuida hacia el interior del país, particularmente a Villa Mercedes, donde funcionaría la segunda célula de la organización.
Rivadera aclaró que, si bien se habla de grandes volúmenes de droga –entre 5 y 6 kilos semanales–, no se incautaron cantidades significativas en los domicilios de sus defendidos. Incluso, en el caso de quien sería señalado como el líder de la segunda organización, no se halló ningún estupefaciente durante los allanamientos.
Situación procesal y sistema judicial
Actualmente, seis personas se encuentran detenidas y otras tres bajo pedido de captura, aunque ya se ha solicitado eximición de prisión por razones humanitarias, como embarazo de alto riesgo y cuidado de menores. El abogado explicó que todas las imputaciones son provisorias bajo la figura de comercio de estupefacientes agravado por ser parte de una organización, según el artículo 5º inciso 6 y 11C de la ley de drogas.
Además, Rivadera detalló que el proceso se rige por el sistema judicial “residual”, ya que comenzó antes del 5 de agosto de 2023, fecha en la que entró en vigencia el nuevo sistema acusatorio en el fuero federal. Esto implica procesos escritos más lentos, con un plazo de 10 días hábiles para que el juez resuelva la situación procesal de cada imputado.
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