El Congreso de la Nación avanza en el tratamiento de un proyecto que propone actualizar las multas aplicadas por la ARCA, cuyos valores quedaron fuertemente desactualizados por la inflación. La iniciativa busca recomponer el efecto disuasivo de las sanciones, aunque ya genera alertas entre tributaristas y pequeños contribuyentes.
Según advierten especialistas, el incremento abrupto de los montos, sin criterios claros de proporcionalidad, podría derivar en más conflictos y litigiosidad, en lugar de mejorar el nivel de cumplimiento. La principal preocupación radica en que faltas formales menores podrían recibir el mismo tratamiento sancionatorio tanto para un comercio barrial como para una gran empresa.
Desde el sector profesional señalan que la ausencia de escalas diferenciadas por tamaño y capacidad económica pone en riesgo a las pymes y emprendedores, que podrían enfrentar cargas difíciles de sostener en un contexto económico aún sensible.
En ese sentido, Elisabet Piacentini, tributarista y presidenta de la comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó la necesidad de reglas simples, previsibles y diferenciadas, que permitan orden fiscal sin asfixiar al pequeño contribuyente.
Mientras continúa el debate legislativo, crece el interrogante central: ¿el aumento de multas garantiza mayor cumplimiento o suma presión sobre quienes menos margen tienen para absorberla?
