El Poder Ejecutivo rechazó íntegramente el Proyecto de Ley Nº 27.795, que había sido aprobado en el Congreso el pasado 21 de agosto y que establecía un esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y mejoras salariales para docentes y no docentes.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 647/2025, publicado este 10 de septiembre, y representa un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que viene advirtiendo sobre el impacto de los recortes presupuestarios.
Según fuentes oficiales, la medida responde a la intención del Ejecutivo de “mantener el control del gasto público” y evitar lo que considera una intromisión en la administración de recursos del Estado. Sin embargo, el veto ya generó críticas tanto del sector educativo como de la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
📌 Puntos clave del proyecto vetado
El Proyecto de Ley Nº 27.795 contemplaba:
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Garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país.
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Asignar partidas presupuestarias específicas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”.
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Mejorar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
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Incrementar recursos para tecnología, infraestructura, investigación y becas.
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Establecer una actualización por IPC de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de enero de 2025.
La objeción total del Ejecutivo abre un frente de conflicto con las universidades y podría tensar aún más la relación con la oposición, que reclama mayores fondos para garantizar la accesibilidad y calidad de la educación superior.
