El presidente Javier Milei firmó el veto a las leyes que establecían aumentos en las jubilaciones y mayores fondos para la discapacidad, medidas que habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio. El Gobierno decidió retrasar la publicación en el Boletín Oficial para ganar tiempo y evitar un tratamiento inmediato en el Congreso, donde ahora busca consolidar apoyos para sostener su rechazo.
La estrategia oficial incluye negociaciones con gobernadores y bloques aliados, en un intento por asegurar los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Entre los aliados clave se sumaron cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, junto a Martín Menem y otros funcionarios, lideran las tratativas con la oposición. En las últimas semanas, mantuvieron reuniones con Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y otros mandatarios provinciales, buscando acuerdos electorales y financieros.
El Gobierno insiste en que la sesión del Senado fue “inválida” y amenaza con llevar el caso a la Justicia si el Congreso insiste en rechazar los vetos. María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica, y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, están a cargo de la estrategia legal.
Desde Balcarce 50 son tajantes: “No promulgaremos la ley bajo ningún concepto. Los fondos no se van a gastar”, aseguran fuentes oficiales.