El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario crítico tras la aprobación de la ley jubilatoria en el Congreso. Frente a esta derrota, el Ejecutivo evalúa tres estrategias clave: vetar la norma, llevar el caso a la Justicia o buscar un acuerdo con gobernadores para evitar futuros reveses legislativos.
El veto presidencial será el primer paso. La administración de Milei confía en conseguir un tercio de votos en alguna cámara para bloquear la insistencia del Congreso. La experiencia del veto a la movilidad jubilatoria en 2024 demostró que, con alianzas estratégicas y ausencias opositoras, es posible sostener la decisión.
Sin embargo, si el Legislativo lograra ratificar la ley con dos tercios, el Gobierno no descarta judicializar el proceso, argumentando irregularidades en el procedimiento. Expertos constitucionalistas cuestionan esta vía, señalando que no hay bases legales para impugnar una ley ya sancionada con las mayorías requeridas.
Paralelamente, el Ejecutivo busca recomponer lazos con gobernadores, actores clave en la aprobación de leyes que impactan en las finanzas nacionales. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, moderó su discurso y afirmó que “siempre hay margen para el diálogo”, distinguiendo a aquellos mandatarios que administran fondos con “mayor responsabilidad”.
El desenlace de este pulso definirá no solo el futuro del paquete previsional, sino también la capacidad del oficialismo para gobernar en minoría, en un contexto de creciente tensión institucional.