Milei busca prohibir la financiación del gasto primario con emisión monetaria

Milei: Constitucionalistas advierten sobre riesgos para la división de poderes.

En medio de una creciente tensión política con la oposición, el Gobierno nacional prepara la oficialización de una disposición que prohibirá al Tesoro financiar gasto primario mediante emisión monetaria. Según confirmaron fuentes oficiales, la medida será anunciada esta semana, aunque se mantiene el hermetismo sobre el mecanismo: algunos prevén un decreto en el Boletín Oficial, mientras que otros creen que se enviará una nota al Ministerio de Economía.

El presidente Javier Milei hizo el anuncio el pasado viernes, en cadena nacional, como parte de dos medidas para “blindar” el equilibrio fiscal. El mandatario advirtió que también buscará penalizar proyectos legislativos que generen déficit fiscal, estableciendo que todo nuevo gasto o recorte de ingresos deberá ir acompañado de un ajuste equivalente.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, enfatizó Milei.

Pese a la relevancia del anuncio, en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía evitaron comentarios durante el lunes, mientras este último se concentra en las próximas licitaciones de deuda.

En el Congreso, la intención oficialista es que la propuesta se trate primero en Diputados, aunque aún no hay fecha definida.

El análisis constitucional

Los anuncios del Ejecutivo despertaron opiniones encontradas entre especialistas.
El abogado constitucionalista Diego Armesto recordó que la Ley 24.156 ya impide aprobar leyes que afecten recursos sin asignación específica, y advirtió que una supervisión del Ejecutivo sobre el Congreso “contradice los principios republicanos y la división de poderes”.

Por su parte, el constitucionalista Mariano Bar sostuvo que solo el Congreso podría establecer una regla que prohíba financiar gastos con emisión, y que “jamás se podría penalizar a los legisladores por legislar”. Además, señaló que un límite legal siempre puede ser modificado por otra ley, por lo que la Constitución es la que fija los verdaderos límites.