La doctora Laura Gómez, abogada defensora del ingeniero agrónomo Santiago Aurand, confirmó en diálogo con “El Potenciómetro” que su defendido fue notificado de una multa por $57 millones impuesta por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), al que pertenecía como trabajador con más de 23 años de trayectoria.
Según explicó Gómez, la sanción responde a que Aurand, mientras se encontraba con licencia médica psiquiátrica, habría desarrollado una actividad docente en su localidad. Esto, según el INTA, constituiría una incompatibilidad laboral, aunque la defensa lo niega.
“Se lo intimó a pagar una suma millonaria sin haber mediado un procedimiento administrativo válido. No hay detalle técnico que justifique ese monto. Es un acto arbitrario e improcedente“, sostuvo la abogada.
Aurand fue desvinculado del organismo luego de un sumario iniciado el año pasado. La resolución administrativa ordenó el cese de sus funciones y el recupero de los $55 millones abonados durante su licencia.
La defensa sostiene que:
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El procedimiento fue nulo, con vulneración de garantías constitucionales.
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Aurand padece una enfermedad de salud mental, diagnosticada y tratada clínicamente.
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La actividad docente que realizaba fue recomendada por profesionales como “cable a tierra”.
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No existió intención de fraude ni deslealtad hacia el INTA.
Respecto a la norma que el INTA invoca (una disposición de 1979 que establece ciertas incompatibilidades), Gómez asegura que Aurand no la conocía y sus superiores tampoco lo notificaron al respecto.
Además, cuestionó que el organismo haya aplicado una multa de esta magnitud sin seguir el debido proceso que exige la ley:
“La Ley 24.156 y el Decreto 1154/97 establecen que para reclamar una suma así debe haber un proceso contradictorio con posibilidad de defensa. Eso no ocurrió”.
Por último, aclaró que la multa no es una sentencia judicial, sino una resolución unilateral del INTA.
“La Justicia aún no intervino. Esta causa se va a judicializar porque no hay otra vía. Estamos ante un acto claramente ilegal y arbitrario“, concluyó la abogada.