Luego de cinco días de internación y de haber atravesado una intervención quirúrgica, la nena de 10 años que había resultado herida durante un violento ataque en la zona rural de Santa Rosa del Conlara recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar junto a sus padres y su hermana menor.
La confirmación fue realizada por su padre, Lucas Argüello, quien compartió la noticia a través de un estado de WhatsApp que rápidamente se viralizó entre vecinos y allegados que siguen de cerca la causa.
“Ya le dieron el alta a Emmita. Gracias, gracias, gracias. Ahora son lágrimas de felicidad y agradecimiento”, expresó en su mensaje.
La menor había sido atacada el pasado martes por Diego Domingo Ponce, un hombre que se encontraba en libertad condicional pese a haber sido condenado a prisión perpetua por un femicidio. Según la investigación, el agresor llegó al domicilio, pidió un vaso de agua, robó dinero y luego hirió a la niña con un arma blanca en la zona de la garganta y el tórax.
La polémica por la liberación del condenado
El caso generó una fuerte conmoción social y abrió un debate público sobre las responsabilidades institucionales que permitieron que Ponce accediera al beneficio de la libertad condicional.
Las miradas se centraron inicialmente en la jueza Nora Villegas, quien firmó el otorgamiento del beneficio. Incluso se evalúa la posibilidad de un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución. En ese contexto, el gobernador Claudio Poggi cuestionó públicamente a la magistrada y al accionar judicial.
Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que los jueces basan sus decisiones en informes técnicos elaborados por organismos que dependen del Poder Ejecutivo, particularmente del Servicio Penitenciario Provincial.
“El juez es el que menos responsabilidad tiene. Todo se define a partir de los informes técnicos del patronato o instituto evaluador”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.
El documento que habilitó la salida de Ponce de la cárcel cuenta con la firma de nueve funcionarios provinciales, entre ellos profesionales de Psicología, Trabajo Social y personal penitenciario, quienes recomendaron conceder la libertad condicional y sugerían su asistencia a un espacio psicoterapéutico en el medio libre.
El caso continúa bajo análisis judicial y político, mientras la comunidad permanece atenta tanto a la evolución de la causa como al estado de salud de la menor, que ya se encuentra recuperándose en su hogar.
Libertad condicional al femicida Ponce: cómo fue el circuito que habilitó el beneficio
