Verónica Acosta, una mujer de Villa Mercedes, beneficiaria de programas sociales, recibió $541 millones en su cuenta judicial por un error en una transferencia estatal. Según su abogado, ella esperaba $8.000 pesos en concepto de cuota alimentaria, pero al revisar su billetera virtual, encontró una cifra con “demasiados ceros”.
En un principio, pensó que era un error técnico, pero al confirmar la disponibilidad del dinero, gastó aproximadamente $44 millones en alimentos, ropa de abrigo, colchones y un auto usado (Ford Ka). Tres días después, su vivienda fue allanada, y 6 familiares (incluyendo su pareja, cuñados y suegros) fueron detenidos. Todos los bienes comprados fueron incautados.
Los demás imputados son Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil.
La postura de la Justicia
El fiscal sostiene que, si bien no hubo “ardid o engaño“, la familia retuvo indebidamente fondos públicos. La jueza impuso una fianza colectiva de $30 millones (equivalente a $5 millones por acusado) para garantizar que no evadan la investigación.
El argumento de la Justicia
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No hubo intención de ocultar el dinero (todo se rastreó por billeteras virtuales).
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Los gastos fueron para necesidades básicas, no para enriquecimiento ilícito.
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Nunca recibieron una notificación formal para devolver los fondos antes del allanamiento.
El abogado defensor Hernán Echevarría, en declaraciones en “El Potenciómetro” comparó el caso con “encontrar agua en el desierto”: “Si sabes que no es tuya, pero es vital, ¿no la tomas?”. Además, destacó que 98% del dinero ya fue recuperado por el Estado.
Próximos pasos
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3 de junio: Audiencia de apelación para revisar la fianza y los cargos.
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Mediación en curso: La familia busca resolver el conflicto sin consecuencias penales.
Mientras tanto, la acusada y sus allegados no tienen acceso a sus cuentas (congeladas) y dependen de ayuda externa para subsistir.