La causa por presunta falsa denuncia contra la dirigente del MOCOMER y concejal electa frustrada, Andrea Quiroga, atraviesa un momento decisivo. Con los plazos procesales prácticamente cumplidos, la jueza de Garantía María Agustina Pereyra Cardini todavía no habría fijado la audiencia de imputación, una decisión que genera inquietud en ámbitos políticos y judiciales.
Desde la Fiscalía —que ya solicitó la formulación de cargos— esperan que la jueza se expida en cualquier momento. Sin embargo, el expediente parece avanzar a un ritmo inusualmente lento.
Esto abre interrogantes inevitables:
¿Se trata simplemente de los tiempos habituales del Poder Judicial o responde a una estrategia procesal diseñada por la defensa?
La duda gana fuerza por un hecho que sorprendió a todos:
el abrupto alejamiento del abogado Carlos Cobo —esposo de Quiroga— de la defensa de su propia pareja. Cobo, un histórico “tiburón” judicial, ex integrante del Superior Tribunal de Justicia y señalado en 2020 por presuntas prácticas de presión hacia jueces y fiscales (denuncia similar a la tuvo el ex ministro Freixes), dejó la causa justo en el momento crítico.
En el terreno político, Cobo es conocido como uno de los operadores más cercanos a Alberto Rodríguez Saá. Por eso, su salida del expediente alimenta especulaciones:
¿Fue realmente un retiro, o una maniobra para detener los plazos, permitir que la nueva defensa pidiera tiempo para estudiar el expediente y así forzar la posibilidad de que Quiroga asumiera la banca?
De ser así, la estrategia habría fracasado: la Comisión de Poderes del Concejo Deliberante no permitió la jura por considerar que Quiroga presentaba impedimentos éticos y morales derivados de la causa en curso.
Mientras tanto, la jueza Pereyra Cardini sigue sin definir el próximo paso, y el expediente permanece en un limbo que podría beneficiar a la imputada.
La pregunta que sobrevuela en Villa Mercedes es tan simple como incómoda:
¿A qué responde la demora?
En las próximas horas, la magistrada deberá mover el expediente. La ciudad, y especialmente el Concejo Deliberante, espera una resolución que podría marcar el rumbo final de este caso cargado de tensión institucional y política.
