Con una contundente mayoría de 142 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio media sanción a un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones —excepto los regímenes especiales— y a una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, el cual se actualizará por inflación.
La iniciativa fue acompañada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron La Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales, mientras que la UCR se abstuvo.
También se aprobó la restitución por dos años de la moratoria previsional, mecanismo que permite acceder a la jubilación mínima a quienes no alcanzan los 30 años de aportes. Esta medida fue votada por 111 diputados, con 100 rechazos y 15 abstenciones.
Uno de los datos políticos más relevantes fue el respaldo de los legisladores tucumanos de Independencia, aliados habituales del oficialismo, y de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que evidenció tensiones en las provincias con la Casa Rosada.
En el caso del PRO, se expusieron nuevamente sus fracturas internas, con 9 abstenciones, 1 voto afirmativo (Héctor Baldassi) y 22 negativos.
La moratoria había vencido en marzo, y su restitución se impuso pese a que sectores dialoguistas impulsaban esquemas de prestación proporcional, es decir, jubilaciones ajustadas a los aportes realizados. La abstención de Encuentro Federal y Democracia para Siempre fue decisiva para que el oficialismo no lograra bloquear el proyecto.
El Gobierno, en tanto, ya anticipó que vetará cualquier norma que afecte el equilibrio fiscal, en caso de que el Senado ratifique las iniciativas. El presidente Javier Milei reiteró su compromiso con el “déficit cero”, al calificar la propuesta como “demagogia populista”.
Las cifras proyectadas del impacto fiscal no son menores. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el nuevo bono implicaría un costo de 0,26% del PBI. En cuanto al aumento general de haberes, el Palacio de Hacienda calculó un gasto de 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, lo que sumaría un total del 0,7% del producto bruto.
Además, el proyecto incluye la oficialización por ley de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente por DNU desde abril de 2024, y ordena que los gobiernos provinciales no transferidos reciban fondos de forma automática y actualizada por inflación, otro fuerte reclamo de los gobernadores.
En los próximos días, el Senado será escenario de un nuevo capítulo. Con solo tres votos, el peronismo podría alcanzar la mayoría. Si se ratifican los proyectos, Milei tendrá en sus manos el veto presidencial, que podría ser revertido con dos tercios del Congreso. La negociación con los gobernadores será clave: “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado en medio de las tensiones por el cierre de listas.