En un movimiento impulsado por los propios aspirantes y respaldado por el Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, se desató un conflicto en torno al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) en Argentina. La columna vertebral de estos futuros servidores públicos está marcada por la subordinación y el valor, pero se ven obstaculizados por la falta de acción del gobernador Claudio Poggi.
La incertidumbre y el silencio oficial llevaron a los aspirantes de policía a tomar medidas, intimando al Ministerio de Educación para obtener respuestas claras sobre la fecha de inicio de clases. Estos aspirantes, ansiosos por comenzar su formación en pos del orden y el cuidado de la comunidad, enfrentan la frustración de ver sus sueños truncados por la indecisión gubernamental.
El Defensor del Pueblo lideró este movimiento y destacó la importancia de garantizar que estos aspirantes tengan acceso a la educación que necesitan para servir a la sociedad. Si no hay una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, se advierte que podrían tomarse medidas legales para buscar una solución a esta situación.