El fiscal solicitó al juez federal Juan Carlos Nacul citar a indagatoria a los sospechosos, quien accedió a la petición. Las acusaciones se originaron a partir de un secuestro realizado por la Policía de Buena Esperanza el 8 de julio de 2020, cuando detuvieron a una familia que transportaba 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones.
La intervención del abogado, ahora imputado, en la liberación de sus clientes inició una causa penal en la Justicia ordinaria, que posteriormente derivó a la Federal por presunto lavado de activos. La investigación federal reveló que el letrado solicitó dinero a la familia investigada para restituir la suma incautada, lo que resultó en una denuncia por tráfico de influencias.
El abogado fue imputado por solicitar dinero “con el objeto de hacer valer indebidamente influencia” ante el juez de la causa por lavado de activos y evasión tributaria. Además, se le imputa la confección de un escrito judicial fundamentado en premisas falsas y avalado por pruebas ilegítimas, como un contrato de compraventa de un equipo de riego falso.
La esposa del letrado también está implicada, pues insertó una declaración falsa en la escritura de la venta de un campo, indicando un monto de 4 millones de pesos cuando la operación fue por casi 20 millones. La fiscalía de Villa Mercedes determinó que estas acciones constituyen “Falsificación de documento privado” y “Falsedad ideológica”.