La jueza Julieta Makintach fue imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco de la causa que investiga la filmación de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, proceso que terminó siendo anulado.
La medida fue impulsada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes en un escrito de 42 páginas sostuvieron que existen “graves irregularidades” que comprometen penalmente a la magistrada.
Según la investigación, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán para producir un proyecto audiovisual, bajo la promesa de obtener beneficios económicos. En esa trama, el productor Juan Manuel D’Emilio quedó vinculado a la realización del material, que iba a llamarse “Justicia Divina”.
Los fiscales señalaron que la jueza facilitó el acceso al Tribunal de San Isidro, permitió la filmación dentro de la sala de audiencias y asumió un rol protagónico en el proceso, comprometiendo la validez del juicio.
Con base en registros fílmicos y testimoniales, el Ministerio Público requirió el inicio de un juicio político y su desafuero, con el objetivo de avanzar en su indagatoria.