El Gobierno argentino anunció el cierre de dos importantes oficinas públicas, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, en línea con su política de reducción de gastos y eliminación de intermediarios en el reparto de fondos públicos. Esta medida conlleva el despido de 900 empleados, según declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni.
Ambos organismos, creados durante la gestión de Alberto Fernández en 2022, se habían convertido en focos de críticas por su ineficiencia y presunta malversación de fondos. El Instituto, dirigido por un cercano al Movimiento Evita, había sido señalado por transferir fondos de manera discrecional a organizaciones sociales vinculadas al movimiento.
El cierre de estas oficinas representa un ahorro significativo para el Estado, estimado en 9000 millones de pesos, según Adorni. Se destacó que la mayoría del presupuesto se destinaba al pago de sueldos, lo que evidenciaba su ineficiencia administrativa.
La medida también se enmarca en una denuncia contra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por presunto fraude a la administración pública. Pérsico habría utilizado su cargo para favorecer a organizaciones afines con millonarios subsidios estatales.
La nueva gestión gubernamental, encabezada por Milei, enfocó sus esfuerzos en eliminar la intermediación en el reparto de ayuda social, recortando las partidas destinadas a organizaciones civiles no vinculadas directamente al Poder Ejecutivo.