La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas de seis años de prisión para los exfuncionarios Sergio Gustavo Freixes y Edgar Mario Zavala, quienes fueron hallados culpables de amenazas coactivas y amenazas agravadas contra magistrados y funcionarios judiciales.
Con esta decisión, ambos deberán ser detenidos y trasladados al sistema penitenciario provincial.
El caso se remonta a hechos ocurridos hace 20 años, cuando denunciantes revelaron un mecanismo irregular en concursos judiciales. Según la investigación, los funcionarios citaban a candidatos seleccionados en ternas y les exigían firmar renuncias anticipadas, sin fecha y dirigidas al gobernador, como condición para asumir los cargos.
Durante un allanamiento, se recuperaron tres renuncias idénticas, atribuibles a distintas personas, lo que fortaleció la acusación. La pericia caligráfica confirmó la autenticidad de las firmas.
La voz de la denunciante: “Fue una maniobra sofisticada y peligrosa”
En diálogo con Daniel Arce, la jueza del Tribunal Oral Federal de San Luis, Gretel Diamante, repasó el largo camino judicial del expediente y las consecuencias personales que debió atravesar tras denunciar las irregularidades.
Diamante recordó que en aquel entonces participaba en concursos judiciales y comenzó a advertir “situaciones irregulares que no respondían a la práctica habitual”. Luego, colegas le confiaron que habían sido citados al despacho del ministro o viceministro, donde se les exigía firmar la renuncia anticipada para ser propuestos.
La jueza relató que la causa enfrentó múltiples maniobras dilatorias, intentos de llevarla al fuero provincial y episodios de presión, incluso amenazas directas hacia su integridad y su carrera judicial.
“Sentí mucha soledad dentro del Poder Judicial. Muchos sabían lo que ocurría, pero el miedo predominaba”, afirmó.
También destacó el apoyo recibido por el Colegio de Abogados, la Federación Argentina de la Magistratura y medios nacionales que siguieron el caso desde el inicio.
Prisión efectiva y pasos inmediatos
Con la sentencia ya firme, Diamante explicó que el paso siguiente es la orden de detención inmediata de los condenados, incluyendo autorización de allanamientos si se requieren.
“Son penas de prisión efectiva. Será la fuerza de seguridad la que proceda a materializar la detención”, precisó.
La jueza señaló que solo condiciones de salud excepcionales podrían modificar el modo de cumplimiento, aunque eso se evalúa posteriormente.
