Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, brindó este lunes una conferencia de prensa para explicar los fundamentos del proyecto que el gobernador Claudio Poggi elevó a la Cámara de Senadores, que busca derogar la ley provincial conocida como ‘de Narcomenudeo’.
Berruezo recordó que la Ley de Estupefacientes N° 27.737 habilitó a las provincias a investigar delitos menores vinculados al tráfico de drogas, como la tenencia simple. Sin embargo, remarcó que “la experiencia ha sido muy negativa en distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde el consumo y tráfico aumentaron debido a la fragmentación de las competencias y a las dificultades para profundizar las investigaciones”.
San Luis se había adherido a esta modalidad en 2022 y, según detalló Berruezo, cuando Poggi asumió la gobernación en diciembre de 2023, recién se proyectaban juzgados de Crimen y capacitaciones para abordar estas causas. “Es evidente que la Justicia Federal, con más de 30 años de experiencia, tiene recursos y formación específica para estas investigaciones. Transferirlas a la Justicia provincial, sin estructura ni medios adecuados, era desaprovechar esa trayectoria”, subrayó.
El funcionario señaló que, por este motivo, Poggi suspendió inicialmente la vigencia de la ley para mantener las causas bajo la órbita federal, respaldadas por la llegada de Gendarmería Nacional y el trabajo de la División Narcotráfico de la Policía provincial. “Solo en el último año se desarticularon dos bandas importantes dedicadas al tráfico de drogas en San Luis”, destacó.
Berruezo insistió en que la derogación apunta a garantizar la unidad de criterio en las investigaciones. “¿Por qué dividir las competencias perjudica? Porque para llegar al jefe narco, primero hay que empezar por los eslabones más bajos: el consumidor, el vendedor menor. Si cada nivel lo investiga una fuerza distinta, se rompe la cadena y se dificulta infiltrar agentes encubiertos”, explicó.
Finalmente, subrayó que la decisión de Poggi es mantener la lucha contra el narcotráfico bajo la Justicia Federal, las Fuerzas Federales y la Policía provincial, asegurando un abordaje integral y coordinado.