El 23 de marzo de 2025 finalizó la moratoria previsional, que incluía la Ley 24.476, sancionada en 1995. A partir de ahora, sólo podrán jubilarse quienes acrediten 30 años de aportes efectivos o, en algunos casos, quienes puedan acogerse a moratorias previas al 30/09/1993.
Esto dejó fuera del sistema a aproximadamente 241.984 adultos mayores que, habiendo alcanzado la edad jubilatoria este año, no reúnen los años de aportes requeridos. Representan el 60% de las 403.066 personas que en 2025 estarían en condiciones de jubilarse.
La economía informal argentina –que abarca más del 50% de la fuerza laboral según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC– explica buena parte del problema: más de 8 millones de personas trabajaron en negro, sin registrar aportes previsionales.
En muchos casos se trató de una decisión unilateral del empleador, no del trabajador. “Sin la moratoria, 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, advirtió el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), quien calificó la situación como “injusta”.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de no prorrogar la moratoria vigente impactó de lleno: la mitad de los varones y el 70% de las mujeres en edad jubilatoria quedaron fuera del sistema.
En 2024, el 75% de las jubilaciones otorgadas por ANSES fueron gracias a la moratoria: 313.950 de un total de 427.505, según datos oficiales. Desde 2005, año en que comenzó este régimen, más de 3,8 millones de jubilaciones se gestionaron bajo esta modalidad.
Ese universo incluye tanto a quienes casi no tuvieron aportes como a quienes, tras aportar durante más de 20 años, quedaron fuera del mercado laboral sin poder completar los 30 años exigidos.
Hoy, ambos casos terminan accediendo únicamente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley de Reparación Histórica (2016), que otorga el 80% de la jubilación mínima, sin derecho a pensión. A partir de junio, el monto será de $243.779,14, más un bono de $70.000, totalizando $313.779,15.
Ley 24.476: única alternativa vigente
Esta ley, todavía en vigor, permite regularizar aportes hasta el 30/09/1993, desde los 18 años de edad del solicitante. Es menos costosa que la derogada Ley 27.705, pero más limitada: permite completar hasta 15 años de aportes en varones o 10 años en mujeres.
El saldo puede pagarse al contado o en hasta 60 cuotas ajustables semestralmente. Sin embargo, quienes no tengan aportes posteriores a 1993 no podrán jubilarse bajo esta opción.
La Ley 27.705, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández y sancionada en 2023, permitía regularizar años de aportes desde 1993 en hasta 120 cuotas. Su vigencia era de dos años, pero el actual gobierno decidió no prorrogarla.
Recientemente, la oposición parlamentaria logró aprobar por mayoría la restitución de la movilidad jubilatoria y de la moratoria previsional. El proyecto deberá ser debatido en el Senado.
El presidente Javier Milei respondió en redes: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”