En una entrevista con VMI Radio 88.1 FM, el abogado Maximiliano Pipitone denunció una presunta asociación ilícita que, mediante la falsificación de documentos y testigos, habría logrado apropiarse de cientos de propiedades en San Luis a través de la Justicia provincial. La denuncia, presentada hace más de dos años, fue revelada públicamente a través de La Gaceta Digital (LGD), luego de una extensa investigación que expone un sistema fraudulento que involucra a múltiples actores.
“Esta denuncia busca investigar una posible asociación ilícita donde se han adquirido inmuebles de forma fraudulenta, utilizando la Justicia para obtener escrituras. La Justicia ha sido estafada o es parte de esta asociación”, afirmó Pipitone. El abogado calificó el caso como de “gravedad absoluta”, ya que atraviesa los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
El modus operandi de la presunta red consiste en identificar propiedades de alto valor cuyos titulares hayan fallecido o pertenezcan a empresas en quiebra. Luego, se usurpan los terrenos y se inician procesos judiciales con documentación falsa, como boletos de compraventa, cesiones de derechos y firmas de escribanos adulteradas. “Se presentan testigos falsos y se utiliza un domicilio seguro para notificaciones, lo que garantiza que no haya oposición y el juez dicte sentencia en rebeldía”, explicó Sebastián Pipitone.
Los abogados identificaron al menos 25 casos con esta metodología, pero sospechan que podrían superar los 1.000, basándose en información del sistema informático de la Justicia provincial. Entre los involucrados, destacan Juan Cruz Domínguez, abogado vinculado a múltiples causas y con parentesco en el Superior Tribunal de Justicia, y Hugo Alberto Guzmán, un hombre de avanzada edad utilizado como testigo y supuesto comprador de propiedades.
“Hemos comprobado que la Justicia no ha suspendido ni paralizado ningún trámite, a pesar de las pruebas presentadas”, lamentó Pipitone. Además, señaló que Cecilia Chada, cuñada de Domínguez y funcionaria de la Cámara de Villa Mercedes, también estaría relacionada con el caso.
La investigación de los abogados Pipitone comenzó tras un intento de usurpación de un terreno familiar de una hectárea frente al predio San Luis Feria. Al denunciar el hecho, descubrieron que Guzmán alegaba ser el dueño del terreno, presentando pruebas falsas de posesión. “Los recibos de pastoreo presentados son informales y hasta tienen errores en los números de documento”, detalló Maximiliano.
El caso también involucra la falsificación de firmas y sellos de escribanos fallecidos, como Rafael Echenique y Avelino Villegas. Además, se descubrió que Sara del Carmen Quevedo Quiroga, una escribana fallecida, habría “vendido” cinco propiedades a Guzmán mediante un boleto de compraventa falso.
“Esto amerita la intervención del Poder Judicial. Han lavado escrituras por un tubo y nadie lo advirtió”, concluyó Maximiliano Pipitone, quien instó a levantar la reserva del expediente para que la sociedad conozca la magnitud del caso.