El conflicto judicial por la “desaparición” de más de 2 millones de dólares en maíz pertenecientes al campo “El Caburé”, en el Departamento Dupuy, generó una fuerte controversia dentro del Gobierno provincial.
Una denuncia penal presentada por Enrique Germán Vaira, a través del abogado Pascual Celdrán, involucra a cuatro personas por el presunto delito de “Hurto Calificado”, además de otros cargos vinculados al abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Los denunciados son el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla; el exfiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza; Diego Amondaraín, supuesto asesor y hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín; y el trabajador rural Francisco Anselmi, contratado para realizar la cosecha.
Según la denuncia, el campo fue expropiado en abril de 2024 cuando estaba completamente sembrado, y la cosecha de unas 2.000 hectáreas habría sido retirada y utilizada con fines particulares, sin autorización de su propietario original.
En la presentación también se amplió la acusación contra los funcionarios por los delitos de “Abuso de Autoridad, Tráfico de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública”.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa de análisis en la Justicia provincial. Aún no hay imputaciones formales ni pronunciamiento judicial.
Tras conocerse la denuncia, el secretario de Ética Pública Ricardo André Bazla publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó las acusaciones y atribuyó el caso a una maniobra política previa al proceso electoral.
“Atento a la supuesta denuncia judicial formulada en mi contra, de parte de quienes estaban ocupando ilegalmente el campo El Caburé, deseo expresar por este medio que acudiré a la Justicia a brindar todas las explicaciones que se me requieran, en donde quedará resguardado, al final de este camino de infamias, mi buen nombre y honor y, por sobre todas las cosas, la honorabilidad con la que ejerzo el cargo público de Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, con el cual el señor Gobernador me ha honrado.”
Bazla agradeció a los medios que lo consultaron “de modo respetuoso” y afirmó que no participará de “este circo mediático iniciado 15 días antes de un proceso electoral por los medios pertenecientes a Alberto Rodríguez Saá”.
En su publicación también cuestionó la difusión de audios que, según él, “no guardan pertenencia con los hechos con los cuales se intenta relacionar”, y sostuvo que se trata de “una operación política sin sustento real”.
La denuncia, radicada en la Segunda Circunscripción Judicial, será analizada por el Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si corresponde avanzar con una investigación formal. Hasta el momento, no hay resoluciones judiciales ni citaciones oficiales.