La disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense volvió a intensificarse luego de que desde el Palacio de Hacienda confirmaran que no autorizarán el endeudamiento adicional solicitado por el gobernador Axel Kicillof.
Fuentes oficiales reiteraron que “los fundamentos ya fueron explicados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y no hay cambios”, ratificando que sólo se permitirá el roll over de vencimientos, pero no un incremento en el nivel de deuda.
Kicillof solicita una autorización por US$ 3.000 millones, de los cuales US$ 2.500 millones serían destinados a refinanciar compromisos ya asumidos. El Gobierno nacional, sin embargo, pretende frenar los US$ 500 millones restantes, amparándose en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Desde la Provincia argumentan que el financiamiento adicional es necesario para obras de infraestructura, entre ellas proyectos viales y energéticos, además de cubrir vencimientos en moneda extranjera previamente contraídos.
En la Casa Rosada sostienen otra postura: señalan que parte de los fondos podría dirigirse a gastos corrientes, como el pago de salarios del directorio del Banco Provincia y la asistencia financiera a municipios para afrontar sus déficits. Para Nación, esto implicaría un uso indebido del endeudamiento, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Desde La Plata rechazan esa interpretación y aseguran que se encuentran dentro de los parámetros legales. Citan como ejemplo que el servicio de deuda —capital más intereses— representa un porcentaje muy inferior al límite del 15% de los recursos corrientes que fija la Ley N° 25.917.
