Empresarios de diversas industrias se preparan para una reunión crucial con funcionarios del gobierno, donde buscarán impulsar la inclusión de duras sanciones contra los sindicatos en la Ley Ómnibus. Este movimiento surge en medio de la discusión sobre la nueva legislación laboral y la amenaza de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT). El reclamo empresarial, inicialmente insinuado en el decreto 70/2023, se encontró con un revés legal al ser declarado inconstitucional. Sin embargo, el debate resurge con fuerza, coincidiendo con la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se espera emitir un dictamen esta semana.
Uno de los aspectos más controvertidos es la propuesta de penalizar los bloqueos sindicales en las fábricas, una medida que genera tensiones con los gremios, que lo interpretan como un castigo a las demandas legítimas de los trabajadores. Además de esta medida, se discuten otras reformas laborales, como la extensión del período de prueba y la simplificación registral de las relaciones laborales. No obstante, estos cambios se encuentran suspendidos tras el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que invalidó los efectos laborales del decreto 70/2023.