El Tribunal de Impugnaciones habría corregido un grave error procesal cometido por el juez Matías Farinazzo Tempestini en el amparo presentado por Andrea Gabriela Quiroga, mediante el cual intentaba forzar su jura como concejal, suspendida por unanimidad el pasado 5 de diciembre por presuntos impedimentos éticos y morales.
Según informó el medio Más Noticias San Luis, el magistrado habría aplicado erróneamente un trámite penal exprés a una recusación con causa presentada por el Concejo Deliberante, cuando —de acuerdo a la normativa vigente— el amparo debía tramitarse bajo el Código Procesal Civil y Comercial, con formación de incidente separado. Ante esa situación, el Tribunal dejó sin efecto la resolución de Farinazzo y ordenó remitir el amparo a la jueza subrogante legal, Natalia Pereyra Cardini.
El error no sería menor: de haberse mantenido el trámite penal, la recusación podría haberse resuelto en apenas 48 horas, favoreciendo la estrategia judicial de Quiroga. El Tribunal, en cambio, habría advertido el riesgo de nulidad y restablecido el cauce legal correspondiente.
La situación generó aún más tensión cuando, siempre según el mismo medio, Farinazzo habría subido posteriormente un escrito cuestionando al propio Tribunal de Impugnaciones, defendiendo su accionar y alegando que el trámite civil demoraría el amparo. En ámbitos judiciales, este episodio fue calificado como inédito.
El trasfondo político no pasa inadvertido. Fuentes del PJ recuerdan que Farinazzo es señalado como vinculado sentimentalmente a la ex presidenta del Partido Justicialista y dirigente del albertismo María Eva Morel, mientras que el esposo de Quiroga, Carlos Cobo, fue asesor directo de Alberto Rodríguez Saá tras su salida del Superior Tribunal de Justicia. Estos vínculos habrían motivado la recusación presentada por el Concejo, que también cuestionó que el amparo no habría llegado por sorteo regular.
Con la decisión del Tribunal de Impugnaciones, el expediente vuelve ahora a manos de Pereyra Cardini, la misma jueza que ya había concedido prórrogas controvertidas en la causa penal por falsa denuncia. Mientras tanto, la banca del Concejo Deliberante continúa vacante y el caso suma capítulos que, lejos de aclararse, siguen alimentando sospechas sobre el uso estratégico de los tiempos judiciales.
