El pasado 6 de mayo, Verónica Costa, vecina de la ciudad de Villa Mercedes, recibió 510 millones de pesos en su cuenta del Banco Nación, que estaba asociada a una cuota alimentaria. Según declaró, esperaba apenas $8.000 para alimentar a su hijo y, al detectar la transferencia, creyó que se trataba de un error técnico.
“Pensé que eran miles, no millones. Empecé a usar el dinero creyendo que el banco lo revertiría si era un error”, explicó Verónica en “El Potenciómetro”, acompañada por su abogado, Nicolás Berro.
La situación escaló rápidamente. A las pocas horas, se realizaron allanamientos en su vivienda, se congelaron cuentas, y se iniciaron causas judiciales por retención indebida, fraude a la administración pública y uso indebido de medios electrónicos. La defensa critica que nunca hubo una notificación previa, requisito legal para una imputación por retención indebida.
En la primera audiencia, se le otorgó la libertad bajo una fianza de 5 millones de pesos, medida que también se aplicó a los otros cinco imputados. La defensa presentó una apelación, señalando que el monto exigido carece de criterios técnicos y es desproporcionado frente a la situación socioeconómica de los involucrados.
De los 510 millones, el Estado recuperó 466 millones, otros 18 millones en bienes decomisados, y cerca de 10 millones fueron devueltos voluntariamente. Los celulares decomisados aún están bajo peritaje para determinar si queda dinero pendiente en billeteras virtuales.
El abogado Berro remarcó que “no hubo dolo ni intención de estafar al Estado”, y que incluso desde el primer momento “se reconoció el error y se intentó colaborar para la restitución de los fondos”. Además, denunció un operativo desmedido: “Fue un accionar más propio de una causa por crimen organizado que de un error administrativo”.
Por su parte, Verónica relató: “Mi hijo fue a la escuela sin comer ese día. Pensé que había recibido ayuda, no que iba a terminar con la policía en mi casa”.
El caso sigue en etapa de investigación penal preparatoria y podría llegar a juicio. En paralelo, se cuestiona el accionar del Estado y el manejo del sistema de transferencias, especialmente por la falta de alertas al detectar semejante monto.