Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, la Cámara Alta acompañó lo decidido previamente por Diputados. La oposición —integrada por el interbloque peronista, UCR, PRO y bloques provinciales— se impuso de manera contundente, mientras que el oficialismo solo sumó el respaldo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y del legislador Francisco Paoltroni, alineado con la Casa Rosada.
Se trata de un hecho histórico: desde el 12 de marzo de 2003 el Congreso no rechazaba un veto total, cuando el entonces presidente interino Eduardo Duhalde enfrentó una situación similar tras la crisis del 2001.
La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Prevé la actualización de prestaciones, saldar la deuda con prestadores y ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación informada por el Indec.
Entre los puntos destacados, la norma dispone que las 200 mil contribuciones por invalidez sean equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, permitiendo además que los beneficiarios puedan trabajar siempre que no superen los dos salarios mínimos.
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de altas que se registren hasta fines de 2026.