Un allanamiento del Ministerio Público Fiscal, junto a la Municipalidad y el Ministerio de Salud, sacó a la luz el espeluznante estado de un geriátrico clandestino en Justo Daract, donde adultos mayores vivían en condiciones deplorables.

El establecimiento, que operaba sin habilitación oficial desde 2018, no contaba con ningún tipo de supervisión médica ni sanitaria. El fiscal José Olguín, quien lleva a cabo la investigación, aseguró que los residentes estaban expuestos a un entorno insalubre, donde “la negligencia dio paso al delito”.

Condiciones alarmantes: hambre, suciedad y maltrato

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Durante el operativo, las autoridades hallaron a los residentes en condiciones estremecedoras. Algunos presentaban signos de desnutrición y abandono, mientras que otros vivían atados a sus camas con cuerdas.

En el lugar no había alimentos suficientes. La cocina contaba con apenas tres milanesas, presuntamente la única comida del día. Las instalaciones eran precarias, con habitaciones hacinadas, techos bajos y un calor sofocante, donde solo funcionaban ventiladores viejos.

El patio, cubierto por maleza de más de un metro y medio, era inutilizable, y los olores daban cuenta de una falta total de higiene.

Madre e hija responsables, bajo investigación

Las responsables del geriátrico, una mujer y su hija de 25 años, fueron demoradas durante el procedimiento. La más joven incluso amenazó al personal policial, sumando cargos en su contra. Ambas enfrentan acusaciones graves como abandono de personas, reducción a la servidumbre y explotación económica.

Familiares de los residentes pagaban entre $350.000 y $900.000 por mes, pero no se encontraron registros médicos ni evidencia de atención adecuada. Los encargados restringían las visitas familiares y maquillaban la situación para aparentar cuidado.

Investigación en curso y rescate de los residentes

Los adultos mayores fueron trasladados a centros médicos y puestos bajo el cuidado de sus familias. Las autoridades buscan determinar si hubo omisión por parte de organismos locales, y reconstruyen el historial del lugar a partir de testimonios de vecinos y familiares.

“Esto excede la negligencia administrativa: se trata de una actividad delictiva deliberada”, sentenció el fiscal.