El presidente Javier Milei firmó este lunes el decreto que oficializa el veto total a la nueva ley de jubilaciones, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que buscaba recomponer los haberes jubilatorios y modificar la fórmula de actualización. La medida, que ha generado un fuerte debate en el ámbito político, se sustenta en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del sistema previsional.

En el Decreto 782/2024, el Ejecutivo justifica el veto argumentando que el proyecto de ley “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, ya que no contempla el impacto fiscal que la medida tendría sobre las arcas públicas ni determina las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Este argumento se basa en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar claramente los recursos que se utilizarán para su financiamiento.

Milei tomó la decisión de vetar la ley tras una serie de reuniones con los bloques aliados en el Congreso, buscando blindar la medida de un posible rechazo en ambas Cámaras. El presidente considera que, sin una planificación financiera adecuada, la implementación de la nueva fórmula de actualización de jubilaciones podría generar un desequilibrio fiscal insostenible para el país, poniendo en riesgo la estabilidad económica.

Además del veto, el Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados, como parte de un paquete de medidas para aliviar la situación de los sectores más vulnerables. Este bono se otorgará a aquellos jubilados que perciban los haberes más bajos, con el objetivo de compensar la falta de actualización en el corto plazo mientras se trabaja en una nueva propuesta para reformar el sistema previsional.

La decisión ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y social, con voces a favor y en contra. Mientras algunos sectores celebran la medida como un acto de responsabilidad fiscal, otros critican al Gobierno por dejar sin efecto una ley que buscaba mejorar las condiciones de los jubilados en un contexto económico difícil.

Este veto marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo garantizar un sistema previsional justo y sostenible en Argentina.