En medio de una serie de despidos masivos de trabajadores estatales, el Gobierno argentino se prepara para hacer frente a posibles medidas de fuerza por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El presidente Javier Milei dio de baja al menos 15.000 contratos de empleados públicos, lo que representa un duro golpe para el sector. Ante la amenaza de tomas en los edificios públicos como forma de protesta, se decidió reforzar la seguridad en los organismos estatales y aplicar el protocolo antipiquetes.
La reducción de la planta estatal está siendo llevada a cabo por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien recibió un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a los empleados y corroborar su función, actividad y asistencia. Esta medida se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de reducir el gasto público de manera progresiva.
El presidente Milei anticipó que en junio habrá otra tanda de contratos que no se renovarán, lo que agudizará la tensión con los sindicatos estatales. Además de los despidos, se están impulsando reducciones de planta permanente en organismos como Télam, AySA, INCAA y ANSES. Esta situación generó un clima de conflicto que se intensifica ante la amenaza de tomas en los edificios públicos.