El Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año. Ambas normas habían sido sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, y son consideradas pilares centrales de la nueva etapa del plan económico.
El Presupuesto 2026, el primero aprobado en el Congreso durante la gestión de Javier Milei, prevé gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación anual proyectada del 10,1%, un dólar oficial a $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%.
En cuanto a la asignación de recursos, el mayor volumen del gasto estará destinado a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones). Además, el texto establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, con excepciones en áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa.
Entre los principales puntos del Presupuesto 2026, se destacan:
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Crecimiento del PBI del 5%.
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Inflación anual del 10,1%.
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Dólar oficial a $1.423 a fin de año.
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Superávit primario del 1,5% del PBI y financiero del 0,2%.
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Aumento del 10,6% en las exportaciones.
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$4,8 billones destinados a universidades nacionales.
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Incremento del gasto en jubilaciones (5%), Salud (17%) y Educación (8%).
Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia para los contribuyentes
En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario y al Procedimiento Tributario, con el objetivo de incentivar el uso de dólares no declarados mediante su incorporación al sistema bancario.
La norma establece que todo contribuyente será considerado cumplidor hasta que se demuestre lo contrario. No implica amnistía fiscal, no elimina impuestos, no borra antecedentes ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El régimen permite utilizar ahorros por hasta $100 millones sin sanciones, aunque quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
