El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles en los colegios privados de todo el país, a través del decreto 787 publicado en el Boletín Oficial. Desde ahora, los establecimientos educativos podrán fijar libremente el valor de las cuotas y matrículas, sin necesidad de solicitar autorización previa al Estado.
La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, pone fin a un sistema de control estatal que se mantenía vigente desde hace más de tres décadas. En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”.
Según los fundamentos del decreto, el esquema anterior —que exigía la aprobación estatal para cada actualización de aranceles— limitaba la capacidad de adaptación de los colegios ante los cambios económicos, salariales y de costos operativos.
“El principio de libre contratación debe ser resguardado”, expresa el documento, que además destaca que los institutos podrán definir sus políticas de precios y compensaciones en función de la competencia y la demanda del mercado.
Desde el Gobierno argumentaron que la normativa derogada “podía derivar en una precarización de la calidad educativa”, ya que los colegios no lograban ajustar sus cuotas a tiempo frente a los aumentos de costos, y que incluso afectaba a las familias, quienes terminaban enfrentando valores más altos al inicio del ciclo lectivo por la falta de previsibilidad.
Con esta decisión, la gestión Milei profundiza su política de desregulación en distintos sectores, trasladando al mercado la fijación de precios también en el ámbito educativo.