El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que el Gobierno nacional apelará la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional. La medida fue ordenada por un juez tras una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, que busca frenar cualquier acto administrativo derivado del decreto oficial.
La semana pasada, Adorni había anunciado el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, señalando que estos organismos fueron “el eje de la corrupción en la obra pública”.
Según el Gobierno, las funciones de estos entes serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y áreas del Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional, históricamente encargada del diseño, construcción y mantenimiento de rutas, fue un organismo clave en la conectividad vial del país. Su disolución generó controversia, especialmente en sectores vinculados a la infraestructura y los sindicatos.