El Poder Judicial formuló cargos contra el ex funcionario provincial Darío Oviedo Helfenberger, acusado de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se centra en el destino de la cosecha de maíz producida en el campo El Caburé, un predio rural que fue recuperado judicialmente por el Estado provincial en abril del año pasado.
El acto procesal fue encabezado por el juez Alfredo Cuello, con la participación del fiscal de instrucción Leandro Estrada, su adjunto Alexis Chavero y el fiscal de Estado Rafael Berruezo, entre otras partes.
🔎 Qué investiga la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal expuso que existen elementos suficientes para sostener que Oviedo habría sido autor de una maniobra irregular vinculada a la explotación del campo, poniendo el foco en la falta de rendición de cuentas sobre la administración y comercialización del maíz cosechado.
Según se explicó en audiencia, El Caburé es una sociedad anónima, mientras que el campo es propiedad del Estado provincial. A pesar de la rescisión de la adjudicación en 2017, entre 2018 y 2022 se habrían celebrado contratos sobre el inmueble, incluso después de notificarse la desadjudicación.
La Fiscalía remarcó que, al momento en que la Secretaría de Ética Pública tomó posesión del campo, no existían registros sobre cantidad, calidad ni estado del maíz sembrado.
🚜 Testimonios y contratos bajo la lupa
Uno de los puntos clave fue el testimonio del cosechador Francisco Anselmi, quien declaró haber retirado alrededor de 40 camiones de maíz, trasladados a un feedlot conocido como El Lucho. Afirmó que el único contacto con funcionarios fue Oviedo y que no hubo procedimiento administrativo formal para la contratación ni documentación que respalde la producción retirada.
Para la Fiscalía, el maíz fue retirado sin facturación, sin control administrativo y sin rendición de cuentas, lo que habría generado un perjuicio directo al Estado provincial.
⚖️ Debate jurídico y medidas de coerción
La defensa intentó plantear la nulidad de la imputación y alegó obediencia debida, argumentos que no fueron admitidos por el magistrado. Desde la Fiscalía de Estado se sostuvo que no se trata de un delito menor y se encuadró la conducta dentro del delito de peculado, al tratarse de bienes estatales.
Tras escuchar a todas las partes, el juez admitió provisoriamente la formulación de cargos, ordenó el levantamiento del secreto bancario, dispuso la firma mensual en Fiscalía y la prohibición de salida del país, salvo autorización judicial.
La investigación continúa y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones.
