A 23 años del crimen de Laura Chirino, una adolescente de 17 años asesinada en Villa Mercedes, su familia vuelve a quedar en el centro de una tragedia que nunca terminó. Esta semana, el mismo condenado por ese femicidio, Diego Domingo Ponce, fue nuevamente detenido tras el brutal ataque a Ema, una nena de 10 años, que lucha por su vida.
Villa Mercedes Info accedió a familiares directos de Laura Chirino, quienes pidieron aclarar un dato que fue difundido erróneamente por otros medios: Laura no era la novia del agresor. Según relataron, la joven solo formaba parte de un grupo de chicos que se reunían ocasionalmente en la cuadra del barrio donde vivían. La insistencia en vincularla sentimentalmente con su asesino no solo es incorrecta, sino que profundiza el dolor de una familia que atraviesa un duelo inconcluso desde hace más de dos décadas.
Otro dato que agrava la situación: la familia de Laura no tenía conocimiento de que Ponce estaba en libertad condicional. Creían que el condenado seguía cumpliendo una pena de prisión perpetua. El descubrimiento de que el femicida estaba libre llegó recién después del nuevo ataque, reabriendo una herida que nunca logró cicatrizar.
Durante todos estos años, los familiares de Laura atravesaron un proceso profundamente doloroso, marcado por la ausencia de respuestas, el silencio institucional y la imposibilidad de sanar. Hoy, ese sufrimiento se reactiva al ver cómo otra familia, la de Ema, atraviesa una pesadilla similar, con una niña internada y una comunidad conmocionada.
En su primera visita oficial a Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi se refirió públicamente al caso y cuestionó con dureza la decisión judicial que permitió la libertad condicional de Ponce, otorgada por la jueza de Ejecución Penal Nora Graciela Villegas.
“Ahora, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién se hace cargo de la familia, de la situación traumática, de la nena que está luchando por su vida?”, expresó el mandatario, y recordó que el agresor fue arrestado nuevamente de manera inmediata.
Poggi sostuvo que la medida judicial “no está bien” y remarcó que, en materia de seguridad, “todos los poderes del Estado tienen que patear para el mismo arco, en beneficio de cuidar a los ciudadanos”. Además, aseguró que el Ejecutivo trabajará “fuertemente con todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para que estas situaciones no se repitan”.
El gobernador insistió en que “el garantismo tiene que ser para las víctimas, no para el victimario”, y mencionó explícitamente tanto a Ema y su familia como a la familia de Laura Chirino, quienes vuelven a pagar el costo de decisiones que no tomaron.
Mientras la Justicia y el poder político discuten responsabilidades, dos familias atraviesan el mismo infierno, separadas por 23 años, pero unidas por el dolor, la impotencia y la pregunta que sigue sin respuesta: ¿cómo pudo volver a pasar?
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