Uno por uno. Así se anticipa la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, donde se debatirá el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Con el respaldo de legisladores del PRO y esperando contar con el apoyo de algunos gobernadores, La Libertad Avanza busca blindar la decisión del presidente Javier Milei. Para sostener el veto, el oficialismo necesita reunir 86 votos, lo que equivale a un tercio del total de los presentes en la sesión.
El apoyo clave de los gobernadores
Además de sus 39 legisladores, el oficialismo espera contar con el respaldo de diputados del PRO y de algunos representantes vinculados a gobernadores de provincias clave. Se especula con el apoyo de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Mario Passalacqua (Misiones), lo que podría inclinar la balanza en favor del veto.
Ausencias que podrían jugar a favor
Sin embargo, las ausencias inesperadas, como la de Alejandra Torres (Córdoba), quien atraviesa un cuadro de Covid-19, o la de Héctor Stefani (UCR), podrían jugar a favor del oficialismo. Aunque algunos diputados del PRO, como Álvaro González y Héctor Baldassi, votarán en contra, La Libertad Avanza confía en que su número total de votos será suficiente.
Universidades tomadas y el clima de tensión
Mientras tanto, doce universidades nacionales se encuentran tomadas por sus estudiantes en protesta contra el veto. Entre ellas, cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de varias en Córdoba, Rosario, Jujuy y Mendoza. La toma de estas instituciones refuerza el clima de tensión previo a la sesión.
Costos y justificación del veto
El veto a la ley se produjo tras una fuerte movilización en defensa de la educación pública. El Gobierno argumenta que la ley introduce un gasto sin fuentes claras de financiamiento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la normativa implicaría un costo de $738.595 millones, aunque el Ejecutivo eleva esta cifra a $811.569 millones.
En caso de que el Congreso revierta la decisión del Presidente, el Gobierno no descarta acudir a la Justicia, argumentando que la ley viola la Ley de Administración Financiera.