Una familia del Barrio 960 Viviendas Santa Rita de Casia (Monoblock 36, Dpto. D), en Villa Mercedes, atraviesa una crítica situación habitacional tras recibir una orden de desalojo, en medio de lo que califican como contradicciones y desorden administrativo por parte del Estado provincial.
Según relató Jessica Molina, actual ocupante del inmueble, la vivienda fue adjudicada originalmente a otra persona que residió allí hasta el año 2017, pero nunca escrituró la propiedad, dejando la situación dominial sin resolución definitiva.
En el año 2018, en el marco de un programa provincial destinado a regularizar viviendas con ocupación irregular, Molina y su familia ingresaron al domicilio mediante un contrato de locación certificado por escribano, lo que —según sostiene— se realizó de buena fe y con conocimiento de la Dirección de Vivienda.
A partir de entonces, el organismo provincial tomó conocimiento de la ocupación y abrió un expediente de regularización, aunque —de acuerdo al testimonio de la familia— el trámite quedó sin resolución. Además, indicaron que el propio organismo no permitió avanzar con el pago formal de la vivienda, manteniéndolos en una situación de espera administrativa.
En 2019 falleció la adjudicataria original, y posteriormente apareció una familiar política que invocó una cesión de derechos, pese a que la vivienda ya no era ocupada por la titular y existía un grupo familiar residiendo en el lugar con trámite iniciado ante el Estado.
La situación tomó un giro definitivo en 2023, cuando esa tercera persona logró escriturar el inmueble e inició acciones judiciales que derivaron en el actual proceso de desalojo.
La familia sostiene que nunca actuó como ocupante ilegal, sino que ingresó con documentación respaldatoria y con la expectativa de acceder a la regularización habitacional. También remarcan que existieron contradicciones administrativas sobre el estado legal de la vivienda, ya que en distintos momentos se informó tanto que la propiedad no estaba cancelada como que sí lo estaba.
Molina expresó que la situación afecta directamente a su núcleo familiar, integrado por hijos menores, uno de ellos con discapacidad, y solicitó una solución que contemple su derecho a una vivienda digna, señalando que durante estos años realizaron mejoras y mantuvieron el inmueble en condiciones.
Hasta el momento, la familia asegura que no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte del Gobierno provincial, pese a haber realizado presentaciones administrativas y haber hecho pública la situación a través de los medios de comunicación. Según indicaron, la falta de definiciones genera mayor incertidumbre ante la inminencia del desalojo, mientras continúan solicitando una instancia de diálogo y una solución habitacional que contemple su situación familiar.
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en los procesos de regularización habitacional y la protección de familias en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando existen expedientes en curso y antecedentes administrativos contradictorios.
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