La reciente decisión de otorgar prisión domiciliaria a un profesor de basquet acusado de “Abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con corrupción de menores agravado” ha desatado fuertes reacciones en la provincia.
El fallo, firmado por la jueza Sandra Ehrlich, ha sido justificado por el Poder Judicial en un comunicado que subraya la necesidad de preservar el proceso judicial. Sin embargo, la medida provocó una manifestación de los padres de la víctima, quienes exigen que el imputado Víctor “El Negro” Figueroa retorne a la cárcel. Incluso el gobernador Claudio Poggi se reunió con los familiares de la víctima y pidió públicamente la revocación del beneficio.
El comunicado judicial aclara que la jueza resolvió la prisión domiciliaria tras evaluar un pedido del fiscal Ernesto Lutens para revisar el vencimiento de la prórroga de prisión preventiva. La resolución se basó en la Ley 24.390, que establece que la prisión preventiva no puede extenderse más de dos años sin sentencia, y permite una prórroga adicional de un año en casos complejos. Dado que el acusado estaba detenido desde agosto de 2021, el plazo había expirado.
Una medida respaldada en la normativa vigente y compromisos internacionales
La jueza Ehrlich indicó en su fallo que la prisión domiciliaria responde a criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad, además de considerar el peligro procesal que implica un posible obstáculo a la realización del juicio. También se tomaron en cuenta los argumentos del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, señalando la vulnerabilidad de la presunta víctima y el compromiso del Estado Argentino con la Convención de Belém Do Pará para proteger a las mujeres de la violencia.
Además, Ehrlich subrayó que el interés superior del niño requiere que el proceso judicial se desarrolle sin interferencias. Por ello, considera que esta medida de coerción es crucial para evitar que el imputado intente obstruir el juicio.
Restricciones bajo vigilancia y advertencia de revocación inmediata
Durante la prisión domiciliaria, el acusado tiene prohibido movilizarse sin autorización judicial, salvo en casos de salud urgente. Tampoco podrá establecer contacto con la presunta víctima ni su familia. La policía realizará controles diarios en distintos horarios para verificar su presencia en el domicilio.
El comunicado también advierte que cualquier violación a estas condiciones —incluidas salidas no autorizadas, consumo de alcohol o drogas— resultará en la revocación automática de la prisión domiciliaria, con el inmediato traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial.